Anticorrupción

Para esta temática el análisis estuvo a cargo de Carlo Fabio Sarmiento, docente, Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana, tiene un énfasis en Comunicación Política y Periodismo económico. Además, es abogado de la Universidad Popular del Cesar.

No es viable, manifiesta Sarmiento, “dado que la facultad para investigar los delitos contra la administración pública recae sobre la Fiscalía General de la Nación. Pareciera que, con esta propuesta, se dan dos mensajes totalmente equívocos: 1) Que el Estado es incapaz de investigar a los corruptos y 2) Entregarle a la ciudadanía una función constitucional que está en cabeza de la Fiscalía. Por lo tanto, me parece una propuesta inviable.”

En este caso, para Sarmiento la propuesta “no es viable, dado que se apela al populismo punitivo. Establecer penas más severas no solucionará de forma eficaz la corrupción. El derecho penal, debe ser utilizado como último mecanismo para la solución de las problemáticas. Necesitamos una justicia eficaz que actúe con celeridad en los casos para devolverle a la ciudadanía el dinero que se han robado los políticos corruptos. De igual forma, se necesita la articulación de las diferentes ramas del poder público para crear mecanismos efectivos de prevención de los delitos que afectan a la administración pública.”, concluye.

“Es viable”, asegura Carlo Sarmiento y continua, “el Estado debe crear mecanismos para la confluencia de todos los actores para que los dineros públicos se inviertan de manera limpia y transparente evitando que los corruptos puedan apropiarse del presupuesto público. Se necesita, por un lado, de la veeduría ciudadana, para vigilar la correcta ejecución del presupuesto público y de los entes de control para que hagan fiscalización y acompañamiento a su ejecución. Por lo tanto, es importante la articulación entre ciudadanía y órganos de control”,sostiene.

Desde el punto de vista de Sarmiento, la propuesta es viable y agrega “los servidores públicos (en especial los de elección popular) están en la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. Con esta medida, los ciudadanos pueden fiscalizar la gestión del servidor público. De igual forma, con la información pública, podrían acudir a los entes de control para que tomen las decisiones pertinentes.”